ESPAÑA Y EUROPA ANTE LOS DESASTRES NATURALES

Autor: Francisco J. Ayala-Carcedo y Jorge Olcina Cantos (1)

Las recientes inundaciones masivas en algunos de los grandes ríos centroeuropeos, desastre previsible a nivel territorial, comparativamente más importante por las pérdidas económicas que por las humanas, han motivado, al afectar a Alemania, que la Unión Europea dé, por primera vez en más de diez años, un paso: crear un Fondo Europeo para Desastres. Ni los ochenta y siete muertos del camping de Biescas en 1996, ni los diecisiete del camping italiano de Soverato en 2000, más catastróficos que los que hoy nos ocupan, motivaron la menor actuación. Da la impresión que a la UE le importan más los euros que las víctimas mortales. Bienvenida sea de todas formas la inflexión de la pasiva actitud de la UE, fruto más del recuerdo de Santa Bárbara cuando truena que de una acción planificada racional frente a desastres suficientemente previsibles como para ser o evitables o ampliamente mitigables.

La realidad hoy, tras el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales de Naciones Unidas 1990-2000, es que la UE carece hasta de una estadística básica y homogénea de víctimas o pérdidas económicas , base, según Keynes, de cualquier actuación racional en la esfera pública. En 1989, una Resolución del Consejo de la CEE, instó a reflexionar sobre la prevención de los riesgos naturales; han sido necesarios trece años para empezar a hacer algo. No es de extrañar que incluso la creación del Fondo, como toda medida precipitada, carezca de una fundamentación racional en cuanto a su dimensionamiento. En España, hemos podido constatar que, cuando se busca la subvención pública, las cifras de pérdidas procedentes de parte interesada, suelen estar multiplicadas aproximadamente por cuatro; ello tras contrastarlas -una vez tenido en cuenta el coeficiente de aseguramiento- con los únicos datos fiables, los procedentes de los peritajes de seguros. Por eso, resulta sorprendente - dado el alto nivel de aseguramiento existente (en España, por ejemplo, ronda el 55 %)-, y habida cuenta de los daños a las infraestructuras, que la UE estime en unos 20.000 millones de euros las pérdidas en Alemania, Austria y Chequia cuando las cifras de daños asegurados avanzadas por los principales grupos aseguradores se sitúan en unos 1.500 millones. Mientras tanto, la UE, desde 1997, no ha destinado fondo alguno para el desarrollo de la Estrategia Territorial Europea, clave para mitigar, desde la Ordenación del Territorio, estos desastres.

En España, en el período 1990-2000, las inundaciones han causado más de doscientos muertos -cifra récord en la UE- y unos doscientos millones de euros al año. Más del 95 % de las víctimas en los últimos cincuenta años se han producido en inundaciones en pequeñas cuencas (rieras, torrentes, barrancos, ramblas), en inundaciones-relámpago como la de Biescas. La acción preventiva en estos casos, no pasa por la construcción de obras defensivas, inútiles como demostró la torrentada de 1996, sino por la Ordenación del Territorio.

¿Cabe una acción pública racional en este campo? Desde la comunidad científica, la respuesta es, rotundamente, que sí. Estamos ante hechos que aun siendo imprevisibles en la práctica a nivel temporal -aunque sí lo suficiente para evacuar en los grandes ríos-, son plenamente previsibles a nivel espacial: las inundaciones, a diferencia de las lluvias, se concentran en zonas determinadas - los cauces torrenciales y las llanuras de inundación- perfectamente representables en mapas de riesgos. Decir hoy, buscando coartadas exculpatorias de posibles responsabilidades, que las inundaciones son imprevisibles, no es otra cosa que un sofisma. ¿Por qué, pues, no se aborda de una vez por todas el problema? Una de las razones, física, estriba en los períodos de recurrencia, a menudo largos, que tienen los grandes desastres y en el olvido colectivo de los mismos, tan llorados públicamente cuando se producen, como enterrados a hurtadillas unos años después, como ha sucedido con el caso Biescas. Otra, social, en los intereses anclados en la economía y la política del suelo que, en contra del interés público, no desean que se haga saber al consumidor que la parcela que va a comprar encierra riesgos. Otra razón, política, estriba en proporcionar coartadas a los responsables públicos con la práctica, contraria al artículo 51 de nuestra Constitución que obliga a proteger la seguridad de consumidores y usuarios, de no querer saber; si se supiera, podrían exigirse responsabilidades. De manera que las cosas acaban volviendo a lo de siempre: se lloran públicamente las víctimas, se procura que pase el chaparrón ...y termina por no hacerse nada, para contento de especuladores del suelo.

Son posibles sin embargo acciones racionales desde el interés público. La conciencia social ha conseguido que la protección del Medio Ambiente disponga en la UE, para conservar la vida silvestre, de un Procedimiento preventivo desde 1986, la Evaluación de Impacto Ambiental. A pesar de que nuestra Constitución, en su artículo 15 garantiza el derecho a la vida, la realidad es que nuestra especie, la humana, no dispone ante el riesgo de una protección equivalente. ¿No sería razonable que la UE y, con posterioridad, los Estados y las regiones, arbitraran un Procedimiento de Evaluación de Riesgos para la Población que al menos nos homologara con la fauna salvaje? Porque desde nuestros conocimientos actuales, tal y como muchos venimos defendiendo, se trata de algo plenamente realizable. El Gobierno Aragonés, en 1997, tras Biescas, redactó un borrador que hoy, años y olvido de por medio, duerme un sueño prolongado, esperemos que no eterno. El Procedimiento, de obligado cumplimiento ante cualquier actuación en el territorio susceptible de exposición al riesgo (actuaciones urbanísticas incluidas), garantizaría el derecho a la protección de la vida recogido ya en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Los daños deberían cubrirse prioritariamente a través de seguros que penalizaran- a diferencia de lo que sucede en España- a los que se exponen al riesgo. Además las pólizas serían obligatorias en estas situaciones -primariamente plantas bajas en zonas inundables-, cubriendo además las infraestructuras públicas, para evitar el gasto evitable del dinero de los ciudadanos. La acción pública, como ocurre en EE.UU. o en Francia, debería ante todo elaborar los mapas de riesgos, públicos, -algo ya reclamado desde 1998 por la Comisión Especial para Catástrofes del Senado- y promocionar el seguro, primado entre los más necesitados. En caso contrario difícilmente se podrá cumplir el artículo 9.1 de la vigente ley del Suelo. Los Ayuntamientos tienen mucho que decir. Es allí donde se mueve lo esencial de las políticas de promoción del suelo. Ésta es , hoy, la única vía para armonizar la solidaridad con la racionalidad y la justicia. Algo que España, con el triste récord en muertos por inundaciones en toda Europa durante la última década, debería impulsar con especial interés.

Para más información ver esta referencia:

Riesgos Naturales, 2002. Jorge Olcina y Francisco Javier Ayala. Editorial Ariel. 1304 pp.

El libro cubre un hueco existente en la edición de estudios integrales, desde una óptica multidisciplinar, sobre peligrosidad natural, ofreciendo un análisis detallado pero accesible, de utilidad para profesionales.

(1) Investigador titular del Instituto Geológico y Minero y profesor titular, respectivamente, de la Universidad de Alicante. Coordinadores del libro “Riesgos Naturales”. Editorial Ariel, 2002.