En algunos países se privatizó totalmente el agua, ¿es un modelo interesante para España? Repasamos las consecuencias

La creciente escasez de agua, exacerbada por fenómenos como el actual cambio climático, ha intensificado el debate sobre su privatización. Ha sucedido especialmente en países como España, donde la sequía ha puesto de manifiesto la importancia crítica de este recurso vital para la vida humana y el medio ambiente.

Dos países tienen privatizada el agua

Son muy pocos los países que decidieron privatizar el agua, un debate que ha vuelto a ponerse sobre la mesa en otros en un momento en el que este líquido vital escasea cada vez más por la sobreexplotación y el cambio climático.

El caso de Reino Unido

En Reino Unido, la decisión de privatizar la industria del agua a finales de los años 80 significó un cambio drástico en su gestión. Previamente, el sistema público enfrentaba problemas de ineficiencia, resultando en una mala calidad del agua y una preocupante contaminación generalizada.

La privatización, impulsada por el gobierno conservador liderado por Margaret Thatcher, se presentó como una solución para mejorar el servicio y atraer inversiones. Esta medida ha podido traer algunos avances evidentes, como una mayor inversión en infraestructuras y una reducción de fugas.

Sin embargo, esta también ha sido objeto de críticas debido al control extranjero sobre el suministro de agua y a la percepción de mercantilización de un recurso esencial para la vida. También se han reportado problemas de vertidos en las playas.

En Chile la impulsó Pinochet

Por otro lado, en Chile la privatización del agua se remonta a la Constitución de 1980, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esta constitución estableció el agua como un bien comercializable separado de la propiedad de la tierra.

Esto ayudó a que se beneficiase principalmente a empresas privadas, especialmente en los sectores minero y agroindustrial. Sin embargo, este enfoque ha generado tensiones significativas, incluyendo altas tarifas de agua potable y preocupaciones sobre la equidad y la justicia social.

A pesar de los esfuerzos de reforma, como los propuestos en 2022 para modificar la Constitución chilena y poner fin al modelo de privatización, éste sigue vigente. Esto ha provocado tensiones en un país que enfrenta desafíos importantes relacionados con la escasez de agua y las sequías recurrentes, agravadas por el cambio climático.

En España el 55% del abastecimiento del agua está en manos privadas

Según las pesquisas de un documental que fue lanzado en 2018, 'Trileros del agua' de Ricardo Gamaza, un 55% del abastecimiento del agua en España está en manos del sector privado. Gran parte de su gestión recae en dos empresas con participaciones o íntegramente extrajeras: Agbar y Aqualia.

La privatización del suministro de agua en numerosos municipios españoles fue una medida para obtener liquidez rápida. Actualmente, la mayoría de las capitales provinciales tienen gestión privada del agua.

En Valladolid, tras la llegada de Óscar Puente a la alcaldía en 2016, se priorizó revertir la privatización, logrando que el servicio volviera a ser público en 2017. En Barcelona, Ada Colau lo intentó, pero en 2019 el Tribunal Supremo denegó la posibilidad de su gestión pública.

Esto plantea problemas de lucro frente a la inversión necesaria para enfrentar el cambio climático y la sequía. La gestión pública del agua se considera más adecuada para abordar estos desafíos, ya que las empresas privadas tienden a priorizar el beneficio económico sobre la inversión en infraestructura necesaria.

Un debate interminable

Esta problemática a nivel global sigue siendo debatida constantemente. La privatización sigue siendo un tema complejo y polarizado. Por una parte, algunos defienden que la participación del sector privado puede mejorar la eficiencia y promover la innovación en la gestión del agua.

Sin embargo, por otra parte, otros argumentan que esto podría comprometer la equidad en el acceso al recurso y su tratamiento como un bien esencial para todos. Por tanto, ¿el agua debe ser considerada un bien público fundamental? Tendría acceso garantizado para todos, o ¿el agua debería ser una mercancía sujeta a las leyes del mercado? Es un debate que seguirá abierto.