El aviso de Gemma del Caño en las últimas horas de la COP31: "El cambio climático también se paga en el supermercado"
En la cumbre del clima de Antalya se ha debatido sobre quién debe financiar la adaptación de la agricultura. Una negociación que parece lejana, pero que tiene consecuencias directas sobre la producción, costes y el precio de los alimentos en España.

El precio del aceite, el café, el pan o la carne no depende únicamente de cuánto cuesta producirlos. Detrás de cada alimento hay una cadena de producción que necesita agua, energía, materias primas, transporte y unas condiciones climáticas que no siempre acompañan.
Por eso, aunque no aparezca en los titulares económicos, el precio de los alimentos también se ha discutido en la COP31 de Antalya (Turquía).
Uno de los asuntos centrales de esta cumbre, que ha sido prorrogada, fue sobre cómo financiar la adaptación de la agricultura y los sistemas alimentarios al cambio climático. Y aquí aparece una pregunta que afecta directamente al consumidor: ¿quién va a pagar las inversiones necesarias para seguir produciendo alimentos en un planeta cada vez más cálido?
El cambio climático empieza a pasar por caja
Hemos hablado mucho aquí que el cambio climático no son sólo temperaturas récord, incendios, inundaciones o sequías. Ya sabemos que hay otro lugar donde sus consecuencias pueden hacerse visibles: el supermercado.
Una cosecha que se pierde por falta de agua, una ola de calor que reduce la producción o unas lluvias torrenciales que arrasan los cultivos son problemas para los agricultores, a toda la cadena alimentaria y terminar repercutiendo en los precios que pagamos los consumidores.
No significa que cada subida de precios sea consecuencia del calentamiento global. La energía, los fertilizantes, el transporte, los conflictos internacionales y las decisiones comerciales también influyen. Pero el clima se ha convertido en un factor de riesgo cada vez más importante para producir alimentos.
España ya tiene ejemplos: cuando falla la cosecha, la factura se mueve
El cereal es uno de los ejemplos más claros. La cosecha española de 2026 ha caído alrededor de un 30%, en un contexto marcado por la sequía y las olas de calor tardías.
Las consecuencias pueden extenderse al pan, los huevos, la carne y los productos lácteos. Es una cadena, no porque todos estos alimentos dependan directamente del trigo, sino porque los cereales también son esenciales para alimentar a los animales de producción.

Y no hablamos únicamente de productos españoles. El café y el cacao dependen de regiones tropicales donde las temperaturas elevadas, las sequías y las lluvias irregulares amenazan las cosechas. Cuando la producción mundial disminuye, el impacto puede llegar a los mercados europeos, aunque el consumidor viva a miles de kilómetros de las zonas productoras.
¿Acabaremos pagando la transición climática en el supermercado?
Si una empresa alimentaria tiene que invertir en instalaciones más eficientes, si un agricultor necesita cambiar sus sistemas de producción o si una explotación ganadera debe adaptar sus instalaciones, alguien tendrá que asumir esos costes.
Pueden pagarse con ayudas públicas, financiación específica, inversiones empresariales o, en determinadas circunstancias, trasladarse parcialmente al precio final.

Pero también puede suceder lo contrario: invertir hoy en adaptación puede evitar pérdidas futuras, mejorar la eficiencia y reducir la vulnerabilidad de las explotaciones. No actuar también tiene un coste, y en ocasiones mucho mayor.
La COP31 ha vuelto a poner sobre la mesa quién debe financiar ese cambio y cómo repartir sus costes. España, junto con otros seis países, ha respaldado explorar nuevas fuentes de financiación climática, incluidas posibles tasas sobre actividades contaminantes.
La cuestión es especialmente importante para un país como España, donde la agricultura tiene un peso económico y territorial considerable y donde la disponibilidad de agua condiciona buena parte de la producción.
¿Quién tiene que pagar los daños del cambio climático?
Esta es una de las grandes preguntas de la COP31, que se celebra en Antalya (Turquía). Algunos países, entre ellos España, firmaron un llamamiento para explorar nuevos mecanismos de financiación climática, incluidos posibles gravámenes sobre sectores contaminantes.
Do you think its fair that those who contribute the least to the climate crisis suffer from it the most? At the #COP31, @charityekezie_ asks @antonioguterres some of the tough questions she received from her social media followers. https://t.co/UHEiiVodQ6
— United Nations (@UN) November 12, 2026
La propuesta pretende conseguir recursos adicionales para financiar la adaptación, la resiliencia y la respuesta a las pérdidas y daños provocados por el cambio climático, evitando que los países más vulnerables tengan que asumir más deuda.
La idea tiene una lógica: si determinadas actividades generan una parte importante de las emisiones, ¿deberían contribuir más a pagar las consecuencias?

Pero la cuestión no está resuelta. Gravar a las empresas contaminantes no garantiza que el coste no termine repercutiendo en los consumidores. Dependerá de cómo se diseñen los impuestos, de quién los asuma realmente y de cómo se utilice el dinero recaudado.
La otra cara del debate es que no actuar también cuesta. Las pérdidas agrícolas, la reconstrucción de infraestructuras después de las inundaciones y las medidas necesarias para proteger a la población requieren recursos públicos y privados.
Quizá la pregunta más importante no sea cuánto nos va a costar combatir el cambio climático, sino cuánto nos costará seguir sin hacerlo.