El coste invisible de limpiar el monte: prevenir los incendios forestales cuesta miles de millones de euros

Cada verano, los grandes incendios traen consigo una pregunta recurrente: quién tiene la culpa. En torno al fuego circulan explicaciones de todo tipo, desde supuestas operaciones urbanísticas hasta mafias, intereses energéticos o la acusación contra determinadas especies, como los pinos. Esas teorías dejan en segundo plano una realidad mucho más compleja, relacionada con la vegetación, el abandono rural, la desaparición de usos agrarios, la acumulación de biomasa, la continuidad del combustible y el cambio del paisaje.

A esos factores se suman el cambio climático, la expansión de la interfaz urbano-forestal, los medios disponibles para extinguir los incendios y las carencias de prevención. En este debate también reaparece cada verano el mensaje de que “los montes se queman porque no nos dejan limpiar”. La afirmación, sin embargo, no concreta quién impide esos trabajos ni en qué lugares. La legislación permite las actuaciones de prevención, aunque existen condiciones y restricciones ligadas a determinados periodos o situaciones meteorológicas.

Prevenir los incendios forestales: qué permite la Ley de Montes

La Ley de Montes de 2003 y las normas autonómicas no vetan los desbroces, las podas, los clareos, el mantenimiento de cortafuegos o el silvopastoralismo. Estas actuaciones forman parte de la gestión forestal destinada a reducir el riesgo de propagación. Además, la normativa obliga a las comunidades autónomas a contar con planes y medidas activas de prevención. Las limitaciones temporales pueden depender de alertas meteorológicas o de periodos sensibles para la fauna protegida.

Los trámites para actuar en propiedades privadas tampoco son, en general, el obstáculo que suele presentarse. En buena parte de las comunidades autónomas, basta con una declaración responsable o una gestión electrónica mediante oficinas forestales, agrarias o ayuntamientos. Los controles administrativos no equivalen a una prohibición de tratar la vegetación, aunque cada territorio establece sus condiciones según las características del monte y el momento del año.

La prueba más directa citada en el texto procede de varias jefaturas de medio ambiente de provincias de Castilla y León gravemente afectadas por los incendios de 2025. Consultadas sobre las solicitudes de particulares para realizar desbroces rechazadas durante el último año, la respuesta fue la misma: cero. Desbrozar o podar son, por tanto, actividades permitidas. El principal freno aparece en otro lugar: el dinero necesario para hacer estos trabajos.

Prevenir los incendios forestales exige tratamientos costosos y repetidos

Lo que suele llamarse “limpiar el monte” recibe en ingeniería forestal el nombre de selvicultura de prevención. Incluye trabajos destinados a disminuir la probabilidad de ignición y, si el fuego comienza, a limitar su superficie y facilitar las labores de extinción. La finalidad es modificar la disposición de la vegetación para interrumpir o reducir la continuidad del combustible en lugares seleccionados por criterios técnicos.

El problema es que estos tratamientos suelen no ser autofinanciados. Desbrozar, podar o aclarar una masa forestal genera un gasto que, en muchas ocasiones, no queda compensado por los productos obtenidos. La situación se agrava por la enorme superficie forestal existente y por el estado actual de numerosos montes. Tratar grandes extensiones supone movilizar maquinaria, personal y recursos durante periodos prolongados.

Además, el pastoreo puede ayudar a reducir esa recolonización vegetal y rebajar parte del gasto. También puede aprovechar los recursos del territorio, pero no elimina la necesidad de una planificación y de una financiación continuada.

No se puede limpiar todo el monte: el coste de prevenir los incendios forestales

Desde una visión exclusiva del comportamiento del fuego, el monte ideal tendría árboles separados y podados, sin matorral y sin hierba seca que conectara las llamas. Pero convertir toda la superficie forestal española en un espacio de ese tipo no es aceptable desde el punto de vista ambiental ni posible desde el económico. Los montes cumplen funciones que van mucho más allá de su papel como combustible.

La cuestión, por tanto, no es dejar toda la vegetación como si fuera un jardín, sino decidir dónde y cómo conviene actuar. Las inversiones deben dirigirse a zonas seleccionadas, con criterios técnicos y con una programación que contemple el medio y largo plazo. Repetir que prevenir siempre resulta mucho más barato que extinguir no evita una realidad: la selvicultura preventiva puede exigir cantidades muy elevadas y, por la superficie implicada, miles de millones de euros.

Los propietarios particulares tampoco disponen, por norma general, de recursos suficientes para asumir estos trabajos. La financiación deberá contar con apoyo público y con una participación de la sociedad. El objetivo será gastar mejor, reducir los costes cuando sea posible, aprovechar los recursos forestales y mantener actividades como la selvicultura o el silvopastoralismo. Prevenir los incendios forestales requiere información técnica, planificación territorial y una inversión sostenida, lejos de los bulos y de la confrontación política.