España actualiza su mapa de peligrosidad sísmica y señala las provincias con mayor riesgo de terremoto
¿Qué zonas de España podrían sufrir los terremotos más destructivos? El nuevo mapa oficial de peligrosidad sísmica identifica los territorios más expuestos y revela dónde se concentra el mayor riesgo.
España ha dado un paso importante en la prevención de los terremotos. La actualización de su mapa de peligrosidad sísmica permite conocer qué territorios presentan una mayor exposición a los movimientos del terreno y dónde podrían producirse los episodios más destructivos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Terremotos, que sustituye a la normativa vigente desde 1995. El documento incorpora información actualizada sobre la peligrosidad sísmica del territorio español y establece nuevas medidas para mejorar la respuesta ante posibles emergencias.
Aunque los terremotos pueden registrarse en numerosos puntos de la geografía española, su peligrosidad no es uniforme. Andalucía oriental, la Región de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana destacan entre las áreas con mayor exposición, aunque también existen zonas de riesgo significativo en el noreste peninsular.
¿En qué zonas de España hay mayor peligrosidad sísmica?
El nuevo mapa, elaborado a partir de los estudios de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), identifica los territorios donde podrían alcanzarse las mayores intensidades de movimiento del terreno. Entre las provincias más expuestas figuran Granada y Málaga, donde la actividad tectónica ha provocado históricamente algunos de los terremotos más importantes de España.
Municipios como Granada, Albolote, Atarfe, Loja, Antequera o Vélez-Málaga aparecen entre las localidades que deben contemplar escenarios de elevada intensidad sísmica. La Región de Murcia también ocupa un lugar destacado en esta clasificación. Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura, Totana, Archena y Alhama de Murcia figuran entre los municipios incluidos en las áreas de mayor peligrosidad.
Una situación similar se observa en Alicante, especialmente en localidades como Elche, Orihuela, Torrevieja, Almoradí y Crevillent. La elevada actividad sísmica del sureste peninsular está relacionada principalmente con la interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática. El documento identifica zonas donde podrían alcanzarse intensidades iguales o superiores a VIII en la Escala Macrosísmica Europea, un nivel capaz de ocasionar daños considerables en edificios vulnerables.
La actividad geológica de Los Pirineos, clave
La peligrosidad sísmica no se limita al sur de España. El nuevo documento también identifica áreas del noreste peninsular donde podrían registrarse terremotos capaces de provocar daños importantes. En Cataluña destacan diferentes municipios de Girona, Barcelona y Lleida, mientras que en Aragón y Navarra existen zonas pirenaicas con una actividad sísmica significativa. Estas regiones presentan sistemas de fallas asociados a la evolución geológica de los Pirineos.
El mapa también contempla otros territorios con distintos niveles de peligrosidad, entre ellos Albacete, Valencia, Galicia, Canarias y Extremadura. No obstante, la intensidad que podría alcanzarse varía considerablemente de unas zonas a otras.
Qué significa que un terremoto tenga una intensidad VIII
Uno de los aspectos destacados del nuevo documento es la clasificación de los territorios según la intensidad sísmica que podrían experimentar. La intensidad VIII en la Escala Macrosísmica Europea corresponde a un terremoto que puede causar daños graves en determinadas construcciones, especialmente en aquellas que presentan mayor vulnerabilidad estructural.
Para elaborar el mapa, los especialistas han utilizado un periodo de retorno de 475 años. Este indicador estadístico no significa que se produzca un terremoto cada 475 años, sino que permite estimar la probabilidad de superar determinados niveles de intensidad durante un intervalo de tiempo.
La nueva directriz también introduce cambios en la planificación de emergencias. Las comunidades autónomas deberán disponer de planes especiales en aquellas áreas donde puedan alcanzarse intensidades iguales o superiores a VI, mientras que determinados municipios tendrán que desarrollar sus propios protocolos de actuación.